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Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expedición de certificaciones e informes sobre conducta ciudadana. | |
Don Juan Carlos I,
Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:
Las certificaciones e informes de conducta ciudadana consistirán en la certificación de antecedentes penales, expedida por el Registro Central de Penados y Rebeldes, complementada con la declaración a que se refiere el artículo segundo, salvo prescripción en contrario, contenida en norma con rango de Ley.
1. La declaración complementaria a que se refiere el artículo anterior expresará:
Si se encuentra inculpado o procesado.
Si se le ha aplicado medida de seguridad, así como si está implicado en diligencias seguidas en procedimiento fundado en la Ley de Peligrosidad Social
.
Si ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres años inmediatamente anteriores a la declaración.
Si en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la declaración se le ha impuesto sanción gubernativa como consecuencia de expediente administrativo sancionador por hechos que guarden relación directa con el objeto de expediente en el que se exija la certificación o informe de conducta.
A tales efectos, no serán objeto de declaración las sanciones gubernativas impuestas por actos meramente imprudentes ni las procedentes de infracciones de tráfico.
2. Si el interesado se hallará comprendido en cualquiera de los supuestos a que se refiere el número anterior, así lo hará constar, con expresión del órgano jurisdiccional ante el que se hayan seguido las diligencias o que le haya impuesto medida de seguridad o, en su caso, de la autoridad gubernativa que le hubiera sancionado.
Los Ayuntamientos y los Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno facilitarán los oportunos impresos para la realización de las declaraciones a que se refiere el artículo anterior.
Lo establecido en los anteriores artículos no obsta a la facultad del juez instructor para solicitar los informes sobre la moralidad de los procesados, de conformidad con el artículo 377 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Desde que el Registro Central de Penados expida certificaciones comprendiendo las medidas de seguridad, no será exigible la declaración a que se refiere la letra b) del párrafo 1 del artículo segundo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
La entrada en vigor de la presente Ley no alterará el actual régimen jurídico sobre informes dentro de la competencia del ramo de defensa, ni en los regulados por los Reglamentos de armas y explosivos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
El Gobierno dictará en el plazo de tres meses, las disposiciones reglamentarias para la ejecución de la presente Ley.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido por la presente Ley.
Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio Real, de Madrid, a 1 de diciembre de 1980.
- Juan Carlos R. -
El Presidente del Gobierno,
Adolfo Suárez González.
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